Desarrollado por Julio Abel del Piero López Montalvo
Desarrollado por Julio Abel del Piero López Montalvo

Editorial APENFFAAPONA

MÁS PRECISIONES

Continuando con nuestra exposición iniciada en nuestro número anterior, correspondiente al bimestre Abril- Mayo 2014, ahora empezamos por dejar constancia que el D.L. 19846 estuvo vigente durante 40 años en forma ininterrumpida (Dic.1972 – Dic. 2012) habiendo sido modificado y complementado – sin pérdida sustantiva de derechos –por la Ley 24640 del 10 de diciembre del año 1986 y reglamentado por el D.S N°009- DE-CCFA del 17 de diciembre del año 1987, fecha en la que quedó como norma firme y consentida en toda su integridad por el Estado peruano, es decir tiene la calidad de contrato dentro de un contexto de seguridad jurídica. Es importante subrayar que este régimen pensionario nunca fue cuestionado ni oficial ni extraoficialmente por ningún segmento de la comunidad militar policial, pues siempre lo consideró como una norma sólida en su aplicación de derechos, socialmente justa y compatible con la teoría de los Derechos adquiridos.

Observemos, además, que siempre fue respetado y cumplido aún en tiempos difíciles de recesión económica, hiperinflación, aislamiento internacional y pérdida de reservas sin haber sido considerado jamás como un forado al erario nacional ni mucho menos como una amenaza para la estabilidad económica del país.

Sin embargo, a pesar de todas sus bondades, este régimen pensionario ha sido cerrado definitivamente mediante la promulgación del D. Leg. 1133 por una decisión política que todos sabemos que proviene del seno del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque formalmente aparezca como una decisión del Presidente de la Republica y su Consejo de Ministros, con autorización del Congreso de la República; figura jurídica que le otorga visos de constitucionalidad. Pero más allá de discusiones sobre teoría constitucional, el hecho es que este decreto cierra de mala manera y en forma contradictoria el D.L 19846. Por un lado, en su art. 2°, tercer párrafo, declara la intangibilidad de los derechos que otorga el régimen cerrado y por otra parte, en su segunda disposición complementaria final, primer párrafo, ordena la no reestructuración de las pensiones; procedimiento que sí lo establece el segundo párrafo de la misma disposición complementaria final.

Esta contradicción de la norma tiene dos consecuencias aberrantes:
a) Elimina la cédula renovable para todos los pensionistas.
b) Crea dos tipos de pensionistas, dentro de un mismo régimen pensionario, aunque ambos perjudicados por la aplicación de la primera consecuencia.

Sobre las vías legales y otras consideraciones, para superar esta contradicción de la norma, nos estaremos ocupando en nuestra próxima edición.

El Consejo Directivo